Comercio justo y políticas públicas como forma de reducir la brecha socioeconómica de la región

Por: Daniela Rodríguez

En Colombia, más del 28,0% de la población aún vive en condiciones de pobreza y un 8,5% de las personas de esta población se encuentran en una situación de pobreza extrema. Esta situación con relación al año anterior ha venido en incremento (DANE, 2017). ¿Qué factores pueden estar favoreciendo a que la desigualdad económica siga en crecimiento? ¿Qué podría ayudar a que esta brecha sea cada vez  menor?  Es sin duda el comercio solidario una de las soluciones que el país debe implementar y con al que se debe concientizar a los ciudadanos para de esta manera reducir la brecha económica que existe.

El comercio solidario es el escenario perfecto para contribuir a la reducción de la pobreza e incentivar un desarrollo sostenible. De esta forma se ayudaría a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de la desigualdad, producción y consumo responsable y alianzas para lograr dichos resultados (Naciones Unidas, 2015). Sin embargo, si no se sabe manejar ¿podría incrementar la brecha de desigualdad en Colombia?

¿Qué es el comercio solidario o comercio justo?

El comercio solidario es entonces una alternativa para disminuir la brecha de desigualdad en la sociedad. A través de condiciones más humanas en las relaciones económicas y sociales de grupos o gremios que no tienen una participación representativa en el mercado; desde esta perspectiva, la solidaridad es la columna vertebral de la economía, siendo fundamental contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida (Egas, 2017).

El comercio solidario nace con el objetivo de repartir los bienes más equitativamente en la sociedad y de esta forma beneficiar a las personas en condición de vulnerabilidad  económica. El comercio justo se caracteriza principalmente por la comunicación, respeto, claridad y honestidad en busca de mayor igualdad en las condiciones de comercio. En este auge nace a finales de la década de los 80 La  Organización  Global de Tratados Justos (WFTO) como una propuesta para combatir la pobreza, crisis económica y cambios climáticos (World Fair Trade Organization, 2013).

Los criterios para un comercio justo propuestos por la WFTO son:

• Oportunidad para los productores en desventaja
• Trasparencia y responsabilidad
• Justas prácticas: es uno de los más enfatizados por la WFTO, que hace referencia al bienestar social, económico y ambiental de los pequeños productores. Dentro de los beneficios está la posibilidad de prepagos hasta un 50%
• Justos pagos
• No al trabajo infantil y a al trabajo forzado
• No discriminación, igual de género y libre asociación
• Buenas condiciones de trabajo
• Capacidad de construcción: desarrollo de las habilidades y capacidades de sus propios empleados y miembros
• Promover el tratado justo
• Respeto por el medio ambiente

 

¿De qué manera puede ayudar el Gobierno en el desarrollo de esta economía?

A través de políticas  que busquen transformar la comunidad o la realidad de ellas, incitando este tipo de economía alternativa. En Colombia, entre algunas de las propuestas que  se han implementado  se encuentra la ley cooperativa de 1931, buscando menguar la crisis socioeconómica del país en esos años. Sin embargo, no podemos desconocer que Colombia tiene poco más de un siglo de políticas públicas orientadas a la solidaridad en la economía que  según Oses (2016), han nacido como consecuencia de un modelo económico “incapaz de generar empleos dignos para los(as) ciudadanos(as)”(p. 91). La primera de las políticas gubernamentales orientadas a este tipo de economía fue la Ley 0037 del 17 de Octubre de 1916 que pretendía fomentar el ahorro en las comunidades e instituciones y posterior a esta se crearon las cooperativas en el año 1932, que han tenido distintas reglamentaciones. Y más recientemente, en el 2015 se creó la ley 1553 “todos por un nuevo país” que promociona las  Mipymes, cooperativas y economía solidaria y para 2016 se creó la ley 1776 que apoya a campesinos, etnias y comunidades y busca promover la Responsabilidad Social Empresarial y la Responsabilidad Social Ambiental (Congreso de Colombia, 2016). Sin embargo, en Colombia las políticas relacionadas a este tipo de economía han perdido el alcance de las anteriores décadas debido a la mirada estrecha que se tiene acerca de este tema (Collazos, 2017; Oses, 2016).

Un comercio justo y trasparente en Colombia podría significar el cambio social y no solo sólo económico que necesita la nación. Iniciativas como las de Inpsicon Ltda (empresas en la región caribe Colombiana que promueve un consumo responsable) de incentivar el consumo de los productos típicos de la región, ayudarían a menguar la brecha económica de la región caribe. Es interesante como propuestas de creación de ferias solidarias tienen un impacto positivo para los clientes y productores y como la educación de los consumidores favorece el desarrollo de estas actividades (Reales y Botero, 2014). El papel de la educación al consumidor es entonces indispensable y se describe como “una necesidad básica de aprendizaje y un aporte para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro continente” (Trímboli, 2004. P.6).

En conclusión, la desigualdad económica en Colombia no es un tema actual, de hecho, se han generado propuestas desde el gobierno para mitigar esta condición de nuestra población desde hace poco más de un siglo. A pesar de esto, algunos autores aun consideran que no han tenido el impacto deseado. Para que estas normatividades públicas tengan un mayor efecto en la sociedad es importante la educación al consumidor, la estimulación de valores como la solidaridad en los productores y crear políticas públicas que incentiven el apoyo en las comunidades. Estas acciones bien ejecutas ayudarían a cumplir con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible disminuyendo la pobreza de las personas con menor participación en la economía colombiana.

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Bibliografía

Collazos, J. M. (2017). Políticas públicas para la economía solidaria en Colombia, antecedentes y perspectivas en el posconflicto. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, (123), 174-197DANE. (2017). Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2016. Boletín Técnico: Comunicación informativa (DANE).

Congreso de Colombia (2016). Ley 1776 29 enero 2016 “Por la cual se crean y desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, zidres”. Recuperado de http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201776%20DEL%2029%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf

Egas, F. A. (2017). Comercio justo o economía solidaria. Revista AFESE, 49(49).

Montesinos, J. A., & Montesinos, M. A. (2014). La economía social y solidaria como alternativa económica. Bienes comunes y democracia.

Naciones Unidas. (2015). Objetivos de desarrollo sostenibles. Recuperado de http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Oses, R. (2016). Políticas públicas de economía solidaria y comercio justo en Colombia: reflexiones desde la necesidad de un cambio de modelo. In M. Cosciene (Ed.), Políticas públicas para el fomento del comercio justo y solidario en América Latina: los casos de Brasil, Ecuador y Colombia.

Reales, L. & Botero, M. M. (2014).  Diseño de un modelo de economía solidaria para pequeños productores agrícolas y consumidores en el departamento del Atlántico.

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Productos más representativos de la economía colombiana. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/productos_economia_colombiana

Trímboli, J. (2004). Educación del consumidor realidad y perspectivas. Decisio 8, 1-11.

World Fair Trade Organization (2013). 10 principles of fair trade. World Fair Trade Organization. Recuperado de http://wfto.com/our-path-fair-trade